Fortalecemos el gobierno, la integridad y la gestión de riesgos de su institución, para que su obra perdure en el tiempo.
Intervenimos donde se juega la continuidad de toda iglesia: su gobierno, su probidad, la protección de su comunidad y su cumplimiento legal.
Órganos, roles y estatutos claros. Una institución que se conduce sobre reglas, no sobre personas.
Control interno y manejo responsable de recursos que protegen su credibilidad.
Protocolos y canales de denuncia que cuidan a la comunidad y blindan a la institución.
Obligaciones legales al día y un expediente ordenado para responder ante la autoridad.
Un método que no termina en un informe: acompañamos a su equipo hasta dejar el estándar instalado y operando.
Evaluamos su gobierno, sus riesgos y sus brechas.
Un plan priorizado, con responsables y plazos.
Instalamos estructuras, políticas y protocolos.
Capacitamos y dejamos el estándar operando.
La mayoría de los conflictos internos no nacen de la mala fe, sino de reglas que nunca se escribieron.
Un buen canal de denuncia no siembra desconfianza. Cuida a la comunidad y resguarda a la institución.
La nueva ley de delitos económicos también alcanza a fundaciones y corporaciones religiosas. Le explicamos cómo.
Una reunión inicial basta para mostrarle a su directorio dónde está la institución y qué se requiere para fortalecerla.
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